Editorial

Las reformas a la educación siempre generarán polémica. esto es natural dado el álgido tema que trata: definir la política educativa de una nación.

En el caso colombiano, durante los últimos años se han visto diversos trabajos que analizan el mejoramiento de la educación, tales como:

- La Misión para la modernización de la universidad pública y sus estudios de base.

- La Misión educación, ciencia y desarrollo y su informe: Colombia al filo de la oportunidad.

- La Comisión nacional para el desarrollo de la educación superior, hacia una agenda de transformación de la educación superior: planteamientos y recomendaciones.

- El Seminario Nacional Teoría y Praxis de la Gestión de Instituciones de Educación Superior.

- La síntesis de los materiales de trabajo del proceso de la Movilización social por la educación superior: bases para una política de estado en materia de educación superior.

- El Congreso: educación superior, desafío global y respuesta nacional.

Sin embargo, solo con la Constitución de 1991, viene el mandato de calidad como objetivo rector de los procesos educativos. mandato que intentó plasmarse en la ley 30 de 1992, y que formuló elementos y organismos de un sistema encargado de fomentar y juzgar la calidad de los programas y de las instituciones de educación superior. aunque la ley organizó la prestación del servicio de educación superior, consagrando a las instituciones de este nivel como centros del conocimiento que se fundamentan en la autonomía entregada por la Constitución, no se establecieron controles adecuados que evitaran la libertad sin responsabilidad, lo que llevó a un aumento de programas, a juicio de muchos académicos, de dudosa calidad. dicho crecimiento de programas se gestó, en muchos casos, sin tener en cuenta las necesidades reales de la sociedad, sin un plan adecuado, sin evaluar recursos reales y con el claro propósito de lucro.

El concepto de calidad en el ámbito educativo es complejo y controversial, pues toca la experiencia y los intereses de quien lo analiza. lo usual es partir de los conceptos de calidad en las organizaciones, sean industriales o comerciales, reduciendo la calidad educativa a la visión de la institución como una empresa que gestiona conocimiento. desde mi perspectiva, esto pone a un lado el carácter humano de quienes están involucrados en el proceso. en los países en vías de desarrollo como Colombia, se agrega a esta situación una variable más: la productividad vista como el uso más eficiente de los recursos. Bajo este panorama, el estado colombiano viene apostándole durante años a la masificación, sin ponderar la calidad. esto se observa claramente en las políticas de financiación de la educación superior pública, que lanza a las instituciones a una competencia por ampliar su cobertura como si la calidad fuera un resultado natural del proceso. se pretende comparar la educación superior colombiana con otros países de la región más desarrollados, bajo el supuesto de que son de características similares, pero olvidan que las diferencias culturales son un factor relevante en la implementación de cambios. en un país con bajos niveles de equidad y altos niveles de corrupción, la educación pública siempre será un factor de nivelación social necesario. la única forma de eliminar la educación pública sin que el efecto para la sociedad sea adverso es mayor equidad y nivel cero de corrupción. esto es una falacia para nuestro país si no se da un cambio cultural fuerte y se cultivan valores que ayuden a cambiar los ideales mentales.

Una nueva ley de educación no es buena si solo se centra en tapar los huecos fiscales de las universidades públicas, y sobre todo si no determina claramente el modelo de educación para los próximos 20 años, como un punto de quiebre que puede mejorar la equidad y por tanto, eliminar los incentivos que llevan a aceptar la corrupción e inevitablemente, a participar de ella.

 

Edison Jair Duque-Oliva

director - innovar

Profesor tiempo completo Universidad Nacional de Colombia