Mario Aguilera Peña, coordinador.
El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC).
Bogotá: Taurus / Pensamiento. 2011. 514 páginas.

Esta investigación representa el doceavo informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que hasta la fecha ha publicado diecinueve investigaciones. El proyecto surgió con la Ley de Justicia y Paz, del año 2005, con el propósito de "presentar informes sobre el origen y evolución de los grupos armados ilegales" (artículo 51). En este informe, el historiador y abogado Mario Aguilera Peña presenta una investigación que, como su título lo advierte, tiene por objeto reconstruir la historia de un orden social desarmado, como programa y proceso liderado por la Asociación de Trabajadores y Campesinos del Carare (ATCC), creada en 1987, en el corregimiento de La India, Santander. Este proceso organizativo surgió, según el informe, en un periodo de tiempo y en una parte de la geografía colombiana en los que tres órdenes armados -el de la guerrilla, el del ejército y el de los de los paramilitares- hacían presencia y parecían dejar, con ello, infértil la posibilidad de que emergiera en su radio de acción una propuesta organizativa que renunciara a las armas. Esta investigación se diferencia de los demás trabajos publicados hasta el momento por el Grupo de Memoria Histórica en que no aborda un acontecimiento histórico, como una masacre u otros hitos relevantes del conflicto armado, sino un proceso de resistencia civil que ha perdurado por más de veinte años.

La reconstrucción y exposición de tal proceso se realiza desde dos enfoques. El primero de ellos indaga y establece el contexto geográfico y social de la vida de la organización, así como su historia y su memoria de resistencia a la violencia a partir de cinco capítulos, que no están expuestos consecutivamente (capítulos 1, 2, 5, 7 y 8). Aunque no es evidente, pues en ninguno de dichos capítulos se hace alusión explícita a los postulados teóricos y metodológicos, en estas secciones encontramos una tendencia analítica y un uso de fuentes enlazadas entre sí. Los problemas son abordados desde una perspectiva de memoria que, a pesar de que no se define conceptualmente, considera significativamente la versión que sobre los hechos tienen sus protagonistas, sin perder de vista el establecimiento de regularidades y generalidades de la organización social y del cambio, tanto del conflicto armado como de la ATCC. Para ello, se utilizan principalmente fuentes como entrevistas, información recolectada en talleres con la comunidad, análisis de archivos de prensa, el acervo documental de la ATCC, expedientes judiciales y decretos. El segundo enfoque (capítulos 3, 4 y 6) aborda los aspectos relacionados con el proceso de victimización, la acción de la justicia y el proceso apenas inicial de reparación colectiva, siguiendo los parámetros elaborados por el Grupo de Memoria Histórica, los cuales priorizan el establecimiento de regularidades y tendencias generales. En él, las fuentes utilizadas que predominan son la Base de Datos sobre Violencia de conflicto en la región (1965-2009), desarrollada durante la investigación; mediciones estadísticas; expedientes judiciales procedentes de distintos juzgados del país; archivos de prensa; entrevistas e información procedente de instituciones oficiales y de la ONG.

Tomando como hilo conductor el primer enfoque, encontramos en el capítulo 1 el estudio de la región del Magdalena Medio, el territorio en el que se desenvolvió la organización campesina de la ATCC, así como las definiciones que distintos actores hicieron sobre este territorio en el siglo XX. El informe se atiene a la definición que desarrollaron Amparo Murillo, María Teresa Arcila y Manuel Alberto Alonso sobre el Magdalena Medio: un territorio periférico, estratégico y escenario de múltiples conflictos armados. El informe establece que el área de influencia de la ATCC se encuentra ubicada "en la subregión sur del Magdalena Medio (…) en los municipios de Bolívar, Cimitarra, Sucre, La Belleza, El Peñón y Landázuri" (p. 31). A lo largo del capítulo, se abordan el clima, el paisaje y los procesos de poblamiento de la región, haciendo énfasis en este último aspecto como el proceso que condujo a la formación del complejo entramado social del cual son parte los y las integrantes de la ATCC.

El segundo capítulo tematiza los diferentes "órdenes de violencia" experimentados en la región del Carare, empezando por la violencia bipartidista, cuya memoria es "agónica" y está constituida por dos versiones: la de aquellos que la vivieron en otros lugares del país y llegaron a la zona como desplazados, y la de los más raizales (pp. 68; 70-80). En seguida, se aborda el orden impuesto por la guerrilla. Su apogeo, ubicado en los años sesenta y setenta, se explica por la canalización política que este grupo armado hizo, junto con el Partido Comunista (PC), del malestar existente generado por la débil presencia estatal y por el ofrecimiento de bienes sociales como la seguridad y la resolución de conflictos (pp. 84-98). También se presenta la represión dirigida por el Ejército contra la Unión Nacional de Oposición (UNO), para finalizar con un análisis temático del paramilitarismo en la región, en el que las relaciones paramilitarismo-ejército, así como la faceta civil-ilegal del paramilitarismo y su relación con el narcotráfico son el punto de partida. Una de las tesis centrales sobre las denominadas autodefensas de Puerto Boyacá es que estas "nunca existieron propiamente como tales, si por ello las concebimos como una organización autónoma que surgió netamente de la población civil (…) debido a que cuando nacieron en 1982, lo hicieron aliadas con el Ejército y porque, luego, en 1985, cuando entraron en crisis, se integraron funcionalmente al narcotráfico" (p. 120).

Los capítulos 5 y 6 abordan la memoria de la resistencia de la ATCC a partir de varios recorridos; primero, por los principios que la han guiado: la defensa de la vida, el derecho al trabajo y a la paz; por sus estrategias de acción: el diálogo con los actores armados, la neutralidad y la denuncia de los daños causados; y por los hitos que conforman la memoria de la resistencia campesina, que ubican a los integrantes de la ATCC en el proceso de parcelación de tierras que pretendió imponer las FARC. Dicho proceso llevó a cuestionar a la guerrilla y a platear la autonomía de la organización frente a los aparatos armados en 1982, y al ultimátum hecho por los paramilitares y militares a los campesinos el 15 y 16 de mayo de 1987, en el que les exigía adherirse a alguno de los bandos armados. Sin embargo, más que entender los orígenes de la ATCC a partir de hitos esporádicos, el informe plantea que se debe entender como un proceso de mediana duración en el que ya existían precedentes de resistencia civil (pp. 302-320). En segundo lugar, el informe reconstruye la historia de la ATCC mediante un recuento de la vida de la Asociación desde sus orígenes hasta la actualidad, ubicando sus fases y transformaciones a partir de variables internas y externas, y tomando como hilo conductor la historia de sus diferentes juntas directivas. De esta historia se resalta la importancia que ha adquirido en la memoria de la organización el liderazgo de la primera junta directiva y en especial de su presidente, el campesino Josué Vargas; el impacto y los cambios en el proceso organizativo que trajo la masacre del 26 de febrero de 1990, en la que fueron asesinados la periodista Silvia Duzán y los dirigentes de la ATCC Josué Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas; y los reconocimientos internacionales que comenzaron a llegar con el premio Nobel alternativo de paz en 1990 (p. 398), así como las fortalezas que han forjado y los problemas que han enfrentado.

El capítulo 8 constituye una reflexión sobre la perspectiva de futuro de la organización campesina, en la que se concluye que la construcción de ese futuro está en manos de sus líderes e integrantes, labor que será más fructífera, según el informe, en la medida en que recuperen y mantengan vivos los principios que le dieron origen. Tales principios se recuerdan a partir de documentos testimoniales, entre los que sobresalen los siguientes: el diálogo entre personas que piensan distinto como un acto garante de paz y la importancia de que toda filosofía social y política surja de la práctica cotidiana de las mismas comunidades, así como que su uso se haga de acuerdo con las problemáticas propias de la comunidad (p. 467). Por último, se presentan algunas reflexiones y recomendaciones sobre los principales desafíos que podrán enfrentar en el futuro los integrantes de la Asociación, el principal de los cuales es lograr consolidar relaciones armónicas internas.

El segundo enfoque empieza con el capítulo 3, en el que se desarrolla un análisis de la victimización registrada entre 1965 y 2005, considerando las dinámicas de la violencia, las formas de victimización y los responsables de los crímenes, y teniendo a la vista la región del Carare y el área de influencia de la ATCC. Según el informe, tanto las víctimas letales -que en su mayoría murieron en acciones unilaterales de los grupos armados-, como las víctimas no letales -cuya vulneración se cifra en heridas, torturas, desapariciones forzadas, secuestros, detenciones ilegales y amenazas- corresponden mayoritariamente a civiles. El informe subraya que los niveles más altos de victimización tuvieron lugar entre los años setenta y ochenta, mientras que en los noventa y lo que va corrido del nuevo siglo la victimización se reduce considerablemente, en relación con las dos décadas anteriores (p. 196). En cuanto a los responsables, se le adjudica a los paramilitares el 31% de las víctimas letales y se establece como su principal década de actuación la de los años ochenta; a las FARC, el 25% de victimización letal, actuando fundamentalmente entre 1977 y 1980, y al Ejército, 7% de las víctimas letales.

El capítulo 4 es el siguiente de este enfoque, en el que se trata de identificar el comportamiento de la justicia frente a la victimización. Para ello, se realiza en primera instancia el análisis de una muestra de 11 expedientes, que corresponde al 1,61% del total y se refieren a homicidios, la mayoría presuntamente cometidos por actores armados contra civiles (p. 246). De estos casos, se observa que solo uno continuaba abierto a comienzos del 2011, mientras que la mayoría de los demás casos fueron archivados sin que hubiese pasado mucho tiempo entre el homicidio y el auto que tomaba tal determinación. A continuación, se analizan las investigaciones sobre el asesinato del concejal de la UNO, Josué Cavanzo, ocurrido en 1997, expediente que presenta varias inconsistencias que condujeron a que no se formularan cargos contra los sospechosos. Por último, se aborda el proceso relacionado con el asesinato de los dirigentes de la ATCC y de la periodista Silvia Duzán, caracterizado por la falta de colaboración de los habitantes de Cimitarra, por la inoperancia de las autoridades para atrapar a los paramilitares y por errores en el mismo proceso investigativo, como el hecho de no haberse "practicado, tan pronto ocurrió el hecho, registros a algunas residencias de Cimitarra" (p. 260), y el haber centrado los esfuerzos en establecer los componentes generales del paramilitarismo, lo que demoró mucho tiempo y produjo pocos resultados (p. 282). La impunidad fue tal, que condujo a que en el año 2010 la Comisión Colombiana de Juristas presentara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la petición declarar la responsabilidad internacional del Estado colombiano en este caso.

Por último, el capítulo siete expone las iniciativas de reparación colectiva llevadas a cabo por la ATCC y la CNRR. La propuesta se planteó con el propósito de dar recomendaciones al gobierno de Uribe para la reparación, y contempla tres proyectos: a) educación para la paz, b) la construcción de un complejo educativo histórico cultural y un parque de la vida, la paz y la reconciliación, y c) el apoyo para una finca integral campesina. Lo problemático del proceso ha sido que ninguno de estos proyectos se ha ejecutado, lo que ha traído costos para la CNRR, pues "han surgido manifestaciones de desconfianza e incredulidad de varios líderes de la ATCC que no entienden cómo se pudo financiar la formulación de los mismos para luego no implementarse" (p. 448). A este malestar se suman las críticas dentro de la ATCC debido a que, si las iniciativas que la Asociación contribuyó a formular no se llevan a cabo, la consecuencia es un "desgaste" de sus líderes (p. 449).

Por lo demás, el informe constituye un esfuerzo notable en lo relacionado a la combinación de metodologías, fuentes y perspectivas analíticas que a menudo se consideran antagónicas; este es el caso del uso de fuentes cuantitativas y cualitativas para la elaboración de la mayoría de los capítulos. Además, el trabajo que se despliega en cada uno de los acápites para abordar problemas complejos de la historia del conflicto armado colombiano resulta loable, especialmente porque priman en su elaboración fuentes primarias de difícil acceso, como la consulta de expedientes judiciales y la elaboración de entrevistas a los y las protagonistas de la historia. Ahora bien, al concluir la lectura del informe queda la impresión de que encontramos mucho más y un poco menos de lo que esperábamos. Un poco menos porque, recordémoslo, el propósito inicial de la obra era reconstruir el proceso histórico de resistencia civil que ha liderado la ATCC, por más de veinte años, para comprender con ello un "orden social desarmado". Encontramos en el texto que el desarrollo de la resistencia de la ATCC se expone particularmente en cuatro capítulos (4, 5, 7 y 8), en los cuales, sin embargo, no se desarrollan con mucha profundidad aspectos importantes para la comprensión de este orden social desarmado, como la influencia de las comunidades religiosas en el proceso, la situación de las mujeres, la de los jóvenes, las relaciones regionales, de clase y de etnia. A menudo, se dan indicaciones sobre el impacto de estos problemas en esta historia, como es el caso de la influencia religiosa. Por eso, hay que pensar este "un poco menos" de la obra como una puerta que queda abierta para el desarrollo de futuras investigaciones. Por otra parte, encontramos mucho más de lo que esperábamos porque en el curso de la mayor parte del texto aparece un análisis sólido del conflicto armado en la región del Carare, en el que se establecen las tendencias generales del proceder de los entes judiciales, de las víctimas, de la victimización, de los diferentes momentos de violencias en la región, etc. A través de este análisis accedemos a la dolorosa historia de una región y de sus habitantes, que han vivido más formas de violencia de las que difícilmente podríamos sospechar que los seres humanos resistiéramos y fuéramos capaces de cometer. De ahí que la experiencia y el empeño de la ATCC por construir un futuro mejor signifiquen evidencias, en tiempos tan necesitados de ellas, "(…) para seguir creyendo, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados".*

Leidy Carolina Navarro Antolínez
Secretaría de Educación Distrital, Bogotá, Colombia
lcnavarro79@hotmail.com