Las demandas de reconocimiento de derechos territoriales y de uso de los recursos naturales que los pescadores cucapás le hacen al Estado mexicano, desde 1993, después de la creación de la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (en adelante, la Reserva), son unas más en el panorama de los problemas socioambientales y de despojo territorial, que afectan a los pueblos originarios en México. La característica particular en este caso es que el Estado mismo es quien construye los marcos legales en materia de protección a las especies —sin consultar debidamente a dichos pueblos—, volviendo ilegal la presencia cucapá en esa zona y vulnerando sus derechos como población indígena del delta. En consecuencia, las autoridades medioambientales y de pesca mexicanas han constituido la zona del delta del río Colorado como un territorio en disputa, al implementar esquemas de protección ambiental y de pesca, sustentados en modelos disciplinarios, que únicamente se alimentan de información biológica y pesquera. El conflicto se genera cuando se deja al elemento humano fuera de los análisis, como si las comunidades asentadas en los territorios protegidos y usuarias de los recursos no formaran parte de los ecosistemas. Al crear el núcleo de la Reserva en el mismo lugar donde se encontraban los campamentos de pesca del pueblo cucapá se volvió ilegal el aprovechamiento de los recursos pesqueros en la zona. En este contexto se han criminalizado las acciones de resistencia con las que los cucapás responden ante la regulación medioambiental del delta del río Colorado. Al ver imposibilitada la continuidad de su práctica pesquera, los habitantes se organizan para defender su acceso al territorio y, en un sentido más amplio, sus formas de vida y de trabajo. Este caso, en particular, visibiliza maneras contemporáneas por las que el Estado despoja el territorio y desaparece prácticas culturales propias de los pueblos naturales, a través de ciertos discursos y prácticas legales —en este caso los de conservación—.