En Noviembre de 2001, se aprueba la Convención sobre Protección del Patrimonio Subacuático de la UNESCO. A partir de la adopción de la Convención, dos regímenes jurídicos aparecen claramente enfrentados: por una parte, el derecho de salvamento o de rescate de naufragios, consolidado durante varios siglos de prácticas y usos de la navegación marítima y por otra parte el derecho conservacionista o de la conservación in situ. El presente artículo analiza la validez jurídica de las objeciones de Colombia a la Convención sobre Protección del Patrimonio Subacuático y las consecuencias tanto para la legislación existente como para el proceso de reglamentación futura de esa materia en nuestro país. Palabras clave: Derecho Internacional