El ordenamiento jurídico colombiano admite la utilización de la acción de tutela para la protección del acceso al agua potable, aún cuando éste no se encuentre expresamente consagrado como derecho fundamental, mediante la utilización de diversas estrategias de exigibilidad judicial, particularmente por vía de conexidad. A pesar de esto, la Corte se ha abstenido de desarrollar un precedente judicial activo en la tutela de este derecho como fundamental dada su conexión con otros derechos o, en su afirmación, como prerrogativa en perspectiva ambiental, sin perder de vista que existen decisiones muy importantes en la materia que representarían un avance en esa dirección.