El ensayo realiza una reflexión crítica sobre la política estatal de protección de las víctimas de la violencia en Colombia, defendiendo un estatuto que garantice: 1) los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral (individual y colectiva); 2) que constituya una ley de memoria y garantía de no repetición; y que 3) tome en cuenta que como víctimas las lesiones sufridas, así como las pérdidas de patrimonio humano, las rupturas psicosociales, los traumatismos colectivos e individuales, las limitaciones al ejercicio de la democracia y los dolores incurables trasmitidos de generación en generación, no pueden verse sometidos a una mecánica de reparación seriamente limitada por la débil estructura económica del Estado.