Teniendo en cuenta que uno de los principales motivos de priorización en las agendas de las políticas públicas se relaciona con la implementación de acciones que den respuesta al aumento en la prevalencia de la discapacidad y la vulneración de derechos de las personas que se encuentran en esta condición, los gobiernos de una diversidad de países en el mundo han adelantado procesos de certificación de discapacidad como herramienta de reclamación de derechos, en busca de dar cumplimiento a los principios de dignidad, libertad, igualdad y no discriminación para dicha población. En Colombia, la certificación de discapacidad se constituye como un proceso novedoso y se ha iniciado con el fin de atender a las disposiciones de la normativa nacional e internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, de tal forma que una primera aproximación se realiza a partir de la elaboración del Manual de Certificación de Discapacidad, con el cual se busca que las instituciones y los profesionales de la salud que conforman los equipos interdisciplinarios, mediante evaluación de las personas con discapacidad quienes voluntariamente se sometan a este proceso puedan certificar o no su condición y de este modo convertirse en una herramienta para la accesibilidad a derechos, que facilite el acceso a servicios y beneficios en condiciones de equidad así como su inclusión social.