El presente documento trata de responder una de las preguntas vigentes en las actuales discusiones sobre la protección del conocimiento tradicional, consistente en cuál debe ser la justificación teórica para la protección de dicho conocimiento. En esta medida, el escrito contiene una propuesta de fundamentación teórica, haciendo énfasis en el papel del Estado Social de Derecho como garante y protector de derechos fundamentales, y en el test de razonabilidad como herramienta idónea que permite establecer si la concesión de un trato diferente resulta válida a la luz de la constitución.