Los recursos genéticos son una nueva fuente de riqueza de los mercados mundiales, que han mostrado su potencialidad como instrumento de mejoramiento de los individuos y protección de la raza humana. Por esta circunstancia, con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, los países a nivel mundial definieron que los contratos de acceso a recursos genéticos son el principal instrumento jurídico de protección de esta riqueza, en orden a que los países ricos en biodiversidad puedan participar de forma equitativa de los resultados científicos obtenidos del proceso de bioprospección. Los contratos de acceso a recursos genéticos son, entonces, acuerdos de voluntades en los que se establecen las condiciones en que los investigadores podrán acceder a la información genética de un individuo o una serie de estos, con fines de investigación y/o explotación comercial. En el ámbito andino, la Decisión 391 de 1996 establece las condiciones en las cuales es posible negociar los contratos de acceso, y señala cuál es el procedimiento de negociación, los elementos del contrato, las partes intervinientes y las obligaciones de los partícipes.