La Ley 975 de 2005 es una ley de indulto disfrazado que garantiza la impunidad y lava los crímenes de los paramilitares. La Constitución prohíbe perdonar los delitos cometidos por delincuentes comunes. Igual prohibición pesa sobre crímenes atroces. Las condenas impuestas a jefes paras por estos crímenes antes de la expedición de la Ley de Justicia y Paz, son borradas de manera subrepticia. Pese a ser una Ley contraria a la Constitución Política, fue avalada por la Corte Constitucional.