Reconocimiento 4.0 InternacionalFlórez, German DaríoEscalante Barreto, EstanislaoBarón, Cristóbal2024-07-242024-07-242023https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86606ilustraciones, diagramas, tablasEn la medida que el ser humano constituye una sociedad y para su desarrollo crea grupos denominados empresas, sociedades, entre otros; y realiza compromisos a través de contratos, en las que se incluyen cláusulas que establecen obligaciones; y en el evento que surjan controversias hacen uso de la autonomía de la voluntad para decir cuando y como acudir a un tercero para solucionarlas. En Colombia a lo largo de la historia se ha dado transito normativo dentro del marco constitucional, en especial en el año 1991 en el que se cambia la constitución política y en el artículo 116 se eleva a rango constitucional el arbitraje como MASC; teniendo su desarrollo legal en la Ley 1563 de 2012, en la cual su artículo 32 establece las medidas cautelares en el proceso de arbitraje y da la posibilidad para que el árbitro o el tribunal de arbitramento decreten de oficio el modificar, sustituir o cesar una medida cautelar de manera razonada y haciendo uso del buen derecho; sin embargo se avizora que esta facultad del árbitro adolece de un Test de razonabilidad y Proporcionalidad -TDR&P-, que permita materializar los principios de seguridad jurídica y debido proceso; tal y como se han pronunciado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como la dotrina. El vacío legal del artículo 32 del Estatuto Arbitral Colombiano EAC, al dar una facultad exorbitante al Árbitro para que de oficio modifique, sustituya o cese una medida cautelar practicada, es el fundamento para dejar en consideración de la comunidad académica, árbitros y centros de arbitraje, la propuesta de construir un TDR&P que además de ser una herramienta para que el árbitro o el tribunal de arbitramento adopte una de estas facultades, brinde en el ordenamiento jurídico la tutela real efectiva, es decir, se cumplan con los principios de seguridad jurídica y garantía de un debido proceso en el Arbitramento, haciendo así que este MASC se consolide cada vez más, como un mecanismo efectivo, eficaz, ágil para acceder a la Justicia, razón por la que se hará una análisis jurisprudencial, doctrinal y legal, así como a algunos de los reglamentos de los centros de arbitraje nacionales, para colocar en contexto lo vigente en medidas cautelares, haciendo énfasis en las facultades de oficio anteriormente referidas, y justificar la necesidad de crear e implementar el TDR&P, documento abierto al debate e integración de ideas, para lograr ser referentes en el Arbitraje a nivel nacional e internacional (Texto tomado de la fuente).To the extent that human beings constitute a society and, for their development, create groups known as companies, partnerships, etc. and enter into commitments through contracts, which includes clauses establishing obligations, and in the event that disputes arise, they use de autonomy of will to determine when and how to resort to a third party to resolve them. In Colombia, throughout history, there has been a normative transition within the constitutional framework, especially in 1991 when the Political Constitution was changed, and in the Article 116 elevated arbitration to constitutional status as an ADR (Alternative Dispute Resolution) mechanism. Its legal development took place in Law 1563 of 2012, in which its Article 32 establishes precautionary measures in the arbitration process and provides the possibility for the arbitrator or arbitral tribunal to modify, replace, or cease a precautionary measure ex officio, in a reasoned manner and in accordance with the principles of law. However, it is apparent that this power of the arbitrator lacks a Reasonableness and Proportionality test (RPT), which would materialize the principles of legal certainty and due process, as pronounced by the jurisprudence of the Constitutional Court, as well as legal doctrine. The legal gap in Article 32 of the Colombian Arbitration Statue (EAC), by granting an extraordinary power to the arbitrator to modify, substitution or cease a precautionary measure ex officio, provides the basis for considering, by the academic community, arbitrators, and arbitration centers, the proposal to build an RPT that, in addition to being a tool for the arbitrator or arbitral tribunal to exercise these powers, provides effective legal protection in the legal system, ensuring compliance with the principles of legal certainty and guarantee of due process in Arbitration. This will consolidate ADR as an increasingly effective, efficient, and expedient mechanism for accessing justice. Therefore, a jurisprudential, doctrinal, and legal analysis will be conducted, as well as a review of some national arbitration center regulations, to contextualize the current situation regarding precautionary measures, emphasizing the aforementioned ex officio powers and justifying the need to create and implement the RPT, an open document for debate and the integration of ideas, in order to become a reference in Arbitration at the national and international levels.121 páginasapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/340 - Derecho::346 - Derecho privadoTrabajo de grado - MaestríaUniversidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/info:eu-repo/semantics/openAccessTRIBUNALES DE ARBITRAMENTOCourt of arbitrationARBITRAMENTO COMERCIALCommercial arbitrationSANCIONES LEGALESSanctions (law)GARANTIA IMPLICITAImplied warrantyDecisionesJurisprudenciaMedida cautelarArbitrajeTestRazonamientoDecisionsJurisprudencePrecautionary measureArbitrationTestReasoning