Los vacíos de la ley colombiana frente a la pensión de invalidez de origen común

Abstract

Los principios constitucionales y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de 1991, aseguran la vida, el trabajo, la justicia, la igualdad, el respeto a la dignidad humana, la convivencia, el conocimiento, la libertad, la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo, y señalan que para ello, se adoptarán medidas a favor de los grupos discriminados o marginados, y que se protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Sin embargo, las leyes y los decretos reglamentarios que desarrollan éstos postulados no armonizan con los mismos, toda vez que la exigencia de requisitos excede la realidad del inválido (como se denomina en las normas de seguridad social). En este estudio se analiza la situación de la persona que ha sido declarada inválida por riesgo común, es decir que ha sido calificada con el 50% o más de pérdida de capacidad laboral, y que ha cotizado al sistema las semanas exigidas, pero que a pesar de esto, no tiene derecho a la pensión de invalidez por este riesgo, ya que las semanas no fueron cotizadas dentro de la densidad que exige la norma. Esta falta de armonía entre la norma y la realidad, está cercenando los derechos de las personas inválidas por riesgo común, y vulnerando sus derechos fundamentales constitucionales y contraviniendo convenios y tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, y dejando así, desprotegida a esta población inválida. Ante el vacío que existe en la ley colombiana para dar cumplimiento a los postulados constitucionales y de seguridad social para esta población, se hace urgente proponer iniciativas legislativas que garanticen el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común específicamente para esta población. (texto tomado de la fuente)

The constitutional principles and fundamental rights enshrined in the Constitution of 1991, provides the protection of life, work, justice, equality, respect for human dignity, harmony, knowledge, freedom and peace, within a democratic and participatory legal framework, pointing out that measures will be taken in favour of discriminated and marginalized groups, and especially protect those people whose economic, physical or mental condition are at a clear disadvantage. However, laws and decrees that develop these postulates do not harmonize with them, since the demanded requirements exceed the reality of handicapped population (as it is called in social security legislation). In this study, the situation of the person who has been declared handicapped by common risk it is analysed, referring to someone that has been qualified with 50% or more of loss of working capacity, and has contributed to the system the minimum required weeks, but is not entitled to the disability pension for this risk, as the weeks were not listed in the density required by the law. This lack of harmony between the law and the reality, is cutting short the rights of disabled persons by common risk, and violating their constitutional fundamental rights as well as breaching international conventions and treaties that are part of the constitutional bundle, leaving unprotected the handicapped population. Given the gap in Colombian legislation to comply with the constitutional and social security postulates for this population, it is urgent to propose legislative initiatives to ensure the right to the disability pension for common risk specifically for this population