El derecho a la alimentación desde la contratación pública de servicios sociales de suministro

Abstract

El Estatuto General para la Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, actúa como la directriz que normatiza los procesos de contratación en Colombia y constituye el punto de partida para la compra de bienes y servicios en las instituciones públicas; además, es una de las herramientas jurídicas más importante de actualización de la gestión pública. Su objetivo es contribuir a la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, a la moralización de la gestión y a la economía en el proceso de contratación estatal, desde sus principios rectores en el marco de la buena fe. Para el caso de la contratación del suministro de alimentación en contextos públicos, el objetivo que busca el Estado, a través de sus programas y proyectos de asistencia, es el de viabilizar la Política Nacional de Seguridad alimentaria y nutricional –la alimentación como derecho–, mitigar el hambre y mejorar, de alguna manera, las condiciones nutricionales y de salud colectiva de poblaciones excluidas y vulnerables por pobreza. Teóricamente, esto genera unas garantías sociales y económicas para el país en materia de desarrollo.

The General Regulations regarding Public Administration Procurement (Law 80/1993) act as the guidelines for standardising contracting in Colombia and form the starting point for public institutions' purchasing goods and services. They also represent one of the most important legal tools for updating public management. They were designed to ensure efficient management of public resources, ethical standards for management and cost-cutting concerning government contracting, based on their guiding principle of acting in good faith. Regarding public contracting for supplying food, the state's goals, through its assistance programmes and projects, is to enable national policy regarding food and nutrition security (seeing food as a right), mitigate hunger and improve nutritional conditions and the collective health of populations which are vulnerable and/or excluded by poverty. This should theoretically provide social and economic guarantees for Colombia's development.