El principio de juez natural y la judicialización de los delitos informáticos

Abstract

El derecho fundamental al debido proceso, es una garantía integrada por varios componentes principales, entre ellos, la garantía de juez natural, la cual es de rango constitucional, sin embargo, al parecer, este derecho fundamental entra en tensión cuando se realiza la judicialización de los delitos informáticos, en la medida en que no tiene en cuenta las características propias de los punibles que se realizan a través de la red o por medios telemáticos, por lo cual resulta insuficiente la interpretación que se ha dado a las reglas para determinar la competencia del juez de conocimiento las cuales terminan, afectando el derecho fundamental al debido proceso en su dimensión del Juez Natural. Lo anterior, en la medida en que la asignación de competencias en esta clase de delitos, está determinada por el lugar en donde se formuló la acusación. Para ello se analizará sobre el posible surgimiento de dificultades dogmáticas y teóricas que impiden la fijación clara de la competencia para el juzgamiento, definiendo si existe una posible tensión en la aplicación de las reglas de procedimiento y derechos constitucionales y finalmente para establecer algunos de los cánones de fijación de competencia que sean compatibles con las características propias de los delitos informáticos, con el fin de preservar las garantías procesales y constitucionales dentro del proceso penal. (texto tomado de la fuente)

The fundamental right to due process is a legal protection conformed by several main components, among them the protection of a judge established by law, protection which is of a constitutional nature. However, it seems this fundamental right becomes contentious when taking computer crimes to the courts, insofar as the right does not take into consideration the particular characteristics of the offences committed via the Internet or other electronic means. The interpretation given to the rules to determine the power of the judge who has jurisdiction over the matter becomes insufficient and as a result, the rules might end up by affecting the fundamental right to due process in the dimension of the judge established by law since the assignment of power in this kind of offences is determined by the place in which the charge was made. This work analyses the possible emergence of dogmatic and theoretical difficulties which prevent the clear setting of the jurisdiction of the trial court, defining if there is a possible contention between the procedural rules and the constitutional rights. Finally, some of the jurisdiction standards which are compatible with the features of computer crimes are established with the purpose of preserving the legal and constitutional protection within the criminal proceedings.