Mecanismos para prevenir la captura del regulador en la educación superior
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Autores
Forero Cordoba, Juan Sebastian
Director
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Español
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Resumen
La facultad reglamentaria del ejecutivo es uno de los factores que han permitido
materializar el principio de orden justo predicado del Estado social de Derecho, puesto que
es el instrumento que desarrolla la voluntad del legislador para intervenir en el mercado y
perpetuar el bienestar general. En desarrollo de estas funciones se espera que el ejecutivo
pueda emitir regulaciones con el mayor rigor técnico, sin extralimitarse de las facultades
otorgadas por normas superiores. Sin embargo, una de las principales causas que generan
riesgos a estas atribuciones es la posibilidad de que los destinatarios de las regulaciones
o los representantes de los sectores políticos del gobierno puedan influir en el ejercicio de
esta función administrativa con el propósito de obtener un beneficio privado.
En el sector administrativo de la educación superior, el esquema de intervención diseñado
para garantizar la prestación del servicio que también ostenta la connotación de derecho
presenta varios rasgos que ponen en riesgo la objetividad del ejecutivo al momento de
emitir regulaciones. El diseño institucional establecido concentra en la instancia política
del Ministerio de Educación, varias de las funciones establecidas en el esquema de
intervención y fomento, lo cual pone en riesgo la facultad reglamentaria, en virtud de las
diferentes instancias en las cuales se establecen relacionamiento con instancias políticas
y los sujetos regulados. Los mecanismos oficiales y particulares de información disponible
al público sobre el servicio no son completamente objetivos y con la rigurosidad técnica
esperada, fomentando un ambiente propicio para le generación de elites interesadas en
influenciar al regulador (Texto tomado de la fuente).
Abstract
The regulatory power of the executive is one of the factors that have made it possible to
materialize the principle of just order predicated on the social rule of law, since it is the
instrument that develops the will of the legislator to intervene in the market and perpetuate
the general welfare. In carrying out these functions, it is expected that the executive will be
able to issue regulations with the greatest technical rigor, without exceeding the powers
granted by higher regulations. However, one of the main causes that generate risks to
these attributions is the possibility that the recipients of the regulations or the
representatives of the political sectors of the government can influence the exercise of this
administrative function with the purpose of obtaining a private benefit.
In the administrative sector of higher education, the intervention scheme designed to
guarantee the provision of the service that also has the connotation of law has several
features that put at risk the objectivity of the executive when issuing regulations. The
institutional design established concentrates in the political instance of the Ministry of
Education, several of the functions established in the intervention and promotion scheme,
which puts at risk the regulatory power, by virtue of the different instances in which relations
are established with political instances and the regulated subjects. The official and private
mechanisms of information available to the public about the service are not completely
objective and with the expected technical rigor, fostering an environment conducive to the
generation of elites interested in influencing the regulator.