El antiformalismo jurídico en la práctica interpretativa del Consejo de Estado

Abstract

Pese a que la aplicación de convicciones formalistas no ha sido completamente abandonada en el quehacer interpretativo del Consejo de Estado, cierto es que la aplicación de elementos antiformalistas ha cobrado relevancia en tiempo reciente, tanto es así que ha significado un giro en el paradigma interpretativo en la justicia contencioso administrativa. Por ello, es pertinente indagar las razones por las que se ha producido dicho cambio de perspectiva teórica. El presente trabajo se ocupa de examinar cómo este cambio obedece a la recepción de tesis antiformalistas suministradas por autores como Hart, Dworkin y Alexy, junto con el influjo de la Constitución Política del 91. Para vislumbrar este cambio se consultan decisiones emitidas por la Sala Plena y la Sección Tercera de nuestro máximo tribunal de lo contencioso administrativo, particularmente, en materia de responsabilidad del Estado y en asuntos electorales. Se observa cómo decisiones que, conectadas con la realidad social y económica, fundamentadas en interpretaciones que consultan los principios (constitucionales) y en razonamientos apoyados en técnicas como la ponderación y en la argumentación de naturaleza moral y política, constatan este cambio de perspectiva teórica en materia de interpretación que conduce hacia el antiformalismo(Texto tomado de la fuente).

Although the application of formalist convictions has not been completely abandoned in the interpretative activity of the Council of State, the application of antiformalist elements has recently gained attention, which has meant a shift in the interpretative paradigm in contentious administrative justice. Therefore, it is necessary to investigate the reasons for this change in theoretical perspective. This paper examines how this change is due both to the reception of antiformalist theses proposed by authors such as Hart, Dworkin and Alexy and to the influence of the 1991 Political Constitution. To understand that change, decisions issued by the Board Room and the Third Section of our highest court of administrative litigation are analyzed, particularly in matters of State responsibility and electoral matters. It can be seen how decisions, connected to social and economic reality and based on interpretations that consult principles and reasoning supported by techniques such as weighting and argumentation of a moral and political nature, reflect this change of theoretical perspective on interpretation that leads to antiformalism.