Doscientos años de regresiones rurales en Colombia

Abstract

Las dinámicas en la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia, caracterizada por un Gini del 0,88 (Oxfam 2016) como medida de una inequitativa distribución, en lugar de haberse reducido en las últimas décadas, crece gracias a una historia de reformas agrarias fallidas, a la violencia de los últimos cincuenta años y al despojo de tierras que aún continúa. Cerrar esta brecha de desigualdad es llevar la paz a un país donde un millón de hogares campesinos que viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar y, en el que el 1 % de las fincas de mayor tamaño son latifundios que acaparan el 81 % de la tierra colombiana, según Oxfam (2018). En una retrospectiva, tras la colonización antioqueña del siglo XIX, existieron conflictos entre colonos y concesiones, y entre aparceros y latifundistas, según Albeiro Valencia Llano (1990). Y una vez terminada la Guerra de los Mil Días (1899-1902), aunque continúa el proceso colonizador hasta mediados del siglo XX, vienen las leyes de tierras de 1936 y de 1944, la creación del Incora en 1962 (Ley 135 de 1961 y Ley 1ª de 1968 que la modifica), la Ley de Amnistía de 1982, la Ley 30 de 1988 y la Ley 160 de 1994, todas con un espíritu progresista a diferencia de la Ley Zidres de 2016 que, en lugar de fortalecer la economía campesina soportada en un modo de producción rural artesanal, al crear y desarrollar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, acentúa su problemática para fortalecer la agroindustria.