La afectación de derechos que implica el no aplicar la prisión domiciliaria en la justicia penal militar por su falta de regulación

Abstract

El presente trabajo consiste en un estudio de profundización, su fin es determinar si la improcedencia de la pena sustitutiva de prisión en el lugar de residencia por su falta de regulación en el código penal militar, constituye una forma de trato desigual entre militares y civiles, una forma de afectación del interés superior del menor, de la dignidad humana y también de la naturaleza propia de la justicia penal militar. Para el desarrollo de la investigación se acudió a un modelo explicativo con un enfoque mixto (cualitativo- cuantitativo) donde se analizaron normas jurídicas, decisiones judiciales proferidas por el Tribunal Superior Militar y la Corte Suprema de Justicia en relación con el tema, así como varias posturas doctrinarias. Los resultados evidencian que la voluntad del legislativo en no incluir la prisión domiciliaria en el código penal militar constituye una postura acertada a partir de una interpretación exegética del ordenamiento jurídico, sin embargo desde la teoría de los principios constitucionales se encontraría una excepción tratándose de casos de militares padres y madres cabeza de hogar que podrían acceder a la sustitutiva al reunir los requisitos del código penal común y la Ley 750 de 2002, en la medida que se involucra el interés superior del menor como principio prevalente. (Texto tomado de la fuente)

The present work consists of a deepening study, its purpose is to determine if the inadmissibility of the substitute punishment of house arrest due to its lack of regulation in the military criminal code constitutes a form of unequal treatment between the military and civilians, a form of affectation of the the best interest of the minor, of human dignity and also of the nature of military criminal justice. For the development of the research, an explanatory model with a mixed (qualitative-quantitative) approach was used, where legal norms, judicial decisions made by the Superior Military Tribunal and the Supreme Court of Justice in relation to the subject, as well as several doctrinal positions. The results show that the will of the legislature not to include house arrest in the military criminal code is an accurate position based on an exegetical interpretation of the legal system, however, from the theory of constitutional principles, an exception would be found in cases of military fathers and mothers head of household who could access the alternative by meeting the requirements of the common criminal code and Law 750 of 2002, to the extent that the best interests of the child are involved as a prevailing principle.