Mecanismos de exigibilidad de las medidas de satisfacción de la Corte Interamericana De Derechos Humanos

Abstract

A pesar de la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado colombiano, subsiste un déficit de ejecución respecto de las 26 sentencias adoptadas en contra de Colombia, entre 1995 y 2022. Este déficit de cumplimiento es agravado por la falta de disposición de mecanismos institucionales con capacidad para establecer oportunamente la entidad o entidades responsables de la ejecución de medidas, superar las diferencias interpretativas respecto de la ejecución, y compeler el cumplimiento en tiempo de las entidades responsables. Además, si bien existen algunos recursos ordinarios para requerir el cumplimiento que pueden ser adelantados por las víctimas y sus representantes, éstos no son adecuados para la exigibilidad de todas las medidas de reparación, especialmente aquellas diferentes de las indemnizaciones. Por su parte, la acción de tutela, único recurso interno que ha demostrado algún nivel de eficacia para la ejecución de medidas de satisfacción, usualmente se ve obstaculizada por un entendimiento limitado de los jueces de instancia en términos de procedibilidad, por lo cual ha sido mayoritariamente la Corte Constitucional, en sede de revisión, la encargada de conminar el cumplimiento de las medidas de satisfacción. (Texto tomado de la fuente)

Despite the obligatory nature of compliance with the reparations ordered by the Inter-American Court of Human Rights, in accordance with the international commitments assumed by the Colombian State, there remains an execution deficit regarding the 26 judgments adopted against Colombia, among 1995 and 2022. This compliance deficit is aggravated by the lack of availability of institutional mechanisms with the capacity to timely establish the institution or institutions responsible for the implementation of reparations, overcome interpretative differences regarding execution, and compel compliance in time by said responsible institutions. In addition, although there are some ordinary actions available to require compliance to the victims and their representatives, these are not adequate for the enforceability of all reparations, especially those other than compensation. For its part, the action of tutela, the only internal remedy that has demonstrated some level of effectiveness for the implementation of measures of satisfaction, is usually hampered by the judges’ limited understanding in terms of procedurality, for which reason it has been mainly the Constitutional Court the one in charge of ordering compliance during review proceedings.