La buena fe exenta de culpa en los procesos de restitución de tierras regulados por la Ley 1448 de 2011. Tensiones entre los derechos de las víctimas y los derechos de los propietarios y poseedores actuales

Abstract

La exigencia de buena fe exenta de culpa a los opositores como prerrequisito para obtener una compensación ha sido el centro de críticas a los procesos de restitución de tierras regulados por la Ley 1448 de 2011 causando tensiones jurídicas, políticas y sociales en el país.

El propósito de este estándar es evitar que aquellos que se beneficiaron del conflicto armado continúen con el dominio sobre la propiedad y por ello es necesario que el opositor demuestre que no tenía conocimiento de las razones que llevaron a la víctima a realizar el negocio jurídico ni que existía conflicto en la región, además deberá demostrar la realización de actuaciones adicionales a las que se realizan en el tracto normal de los negocios.

Los Tribunales han analizado una variedad de pruebas aportadas por los opositores para demostrar su buena fe exenta de culpa entre las que se encuentran: estudio de títulos, asesoría de profesionales del derecho, adjudicación mediante remate, autorizaciones de venta por parte del Estado, pago de precios justos, dictámenes periciales grafológicos y dactiloscópicos, adquisición posterior al primer negocio, sucesiones, entre otras, pero la argumentación dada al valorar las pruebas no es consistente y se encuentran decisiones contradictorias.

En virtud de ello se propone una fundamentación de la exigencia de la buena fe exenta de culpa en el principio de solidaridad consagrado constitucionalmente, de esta forma se resolverá la aparente vulneración de principios como la seguridad jurídica y la confianza legítima, dotando de mayor legitimidad al proceso de restitución de tierras. (Texto tomado de la fuente)

The requirement of good faith exempt of fault to the opponents as a prerequisite to obtain compensation has been the center of criticism of the land restitution processes regulated by Law 1448 of 2011, causing legal, political, and social tensions in the country.

The purpose of this standard is to prevent those who benefited from the armed conflict from continuing to control the property and, therefore, it is necessary for the opponent to demonstrate that he or she was not aware of the reasons that led the victim to carry out the legal transaction or that there was a conflict in the region, it must also demonstrate the performance of additional actions to those carried out in the normal course of business.

The Courts have analyzed a variety of evidence provided by the opponents to demonstrate their good faith exempt of fault, among which are: study of titles, advice from legal professionals, adjudication by auction, sale authorizations by the State, payment of fair prices, expert graphological and dactyloscopic opinions, acquisition after the first business, inheritance, among others, but the argumentation given when assessing the evidence is not consistent and contradictory decisions are found.

By virtue of this, a justification of the requirement of good faith free of fault is proposed in the principle of solidarity enshrined constitutionally, in this way the apparent violation of principles such as legal certainty and legitimate confidence will be resolved, giving greater legitimacy to the land restitution process.