Derecho al agua y minería en busca de mecanismos idóneos de protección del derecho

Abstract

Desde el año 2001, específicamente con la expedición de la Ley 685 de 2001 y años más tarde con la expedición de la Ley 1450 de 2011 y 1753 de 2015 el ordenamiento jurídico se reestructuró para permitir prácticas mineras a gran escala, especialmente de índole aurífero pasando por alto que dicha actividad podría acarrear impactos negativos a los componentes normativos de disponibilidad y accesibilidad del derecho al agua. Por lo anterior, y ante el riesgo que esta práctica conlleva para dicha prerrogativa, es necesario que el derecho al agua cuente con mecanismos idóneos de protección. Para dotarlo de herramientas de exigibilidad es necesario que esté fundamentado o justificado en el concepto de dignidad humana y que sea reconocido normativamente en la Constitución de 1991 como derecho fundamental. Sólo así se entenderá que al menos dos de sus componentes son justiciables de forma directa a través de las acciones de defensa de derechos previstas por el ordenamiento jurídico. (texto tomado de la fuente)

Since the year 2001, specifically with the enactment of law 685 of 2001, and years later with the enactment of law 1450 of 2011 and 1753 of 2015, the legal order was restructured to allow big scale mining practices especially regarding the extraction of gold, without taking into account that such activity might imply negative impacts to the normative components of availability and access to the right to water. Accordingly, and in the light of the risk that mining practices pose to the right to water, it is necessary to enact enforcing mechanisms regarding this right. In order to do so, it is necessary that such mechanisms be founded and justified in the concept of human dignity and to have the right to water recognized within the national political constitution of 1991 as a fundamental right. Only after the aforementioned is achieved, it will be possible to understand that at least availability and access to water are directly enforceable through legal actions for the protection of human rights, as laid down in the Colombian legal order.