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Análisis de la responsabilidad del estado por privación Injusta de la libertad en el periodo 2002–2010, política de seguridad democrática

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La determinación de responsabilidad del Estado por privación injusta, en los casos en que, como producto de la implementación de la política de Seguridad Democrática, en el periodo 2002 - 2010, a título de detención preventiva, se le ha restringido la libertad a una persona que posteriormente fue exonerada por sentencia absolutoria o su equivalente, ya sea, porque el hecho no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque la conducta no constituía hecho punible, ha llevado al Estado a afrontar cuantiosas condenas pecuniarias como producto de numerosos litigios contenciosos. De ahí, proviene la existencia de una tensión entre la legalidad procesal y la valoración de lo injusto. Polémica que, en términos teóricos, sostiene que un daño se presenta cuando la víctima no está obligada a soportar la lesión de un interés patrimonial garantizado por una norma jurídica, y que, por tanto, la comisión de dicho daño genera responsabilidad objetiva del Estado. Esta situación presiona negativamente la sostenibilidad de las finanzas públicas y pone en entredicho los fines y alcances de la política criminal del Estado. (texto tomado de la fuente)

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