Más allá de la tierra prometida: respuesta institucional a la restitución de tierras

Abstract

La Ley 1448 de 2011 creó el Programa de Restitución de Tierras (PRT) en Colombia, con el que se busca reparar a las víctimas del conflicto armado en el país. El PRT ha tenido diferentes evaluaciones de impacto con igual número de variables de interés; en este trabajo se analizó específicamente si el programa tuvo impacto sobre la comisión de delitos asociados con abandono y despojo de tierras, es decir, se analizaron efectos colaterales del PRT a partir del acompañamiento institucional en seguridad en los municipios que tuvieron al menos la inscripción de un predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). A través de un estudio de evento y aplicando la metodología de Callaway & Sant’Anna (2021) se encuentra que el PRT tuvo un efecto negativo de 6,162 puntos porcentuales sobre la comisión de delitos asociados con el despojo y abandono de tierras para el año 2015. El efecto se mantiene hasta 2019 pero pierde significancia en 2020. Lo anterior muestra que la dinámica de escalamiento del conflicto armado en los territorios, aunado con la ausencia de una política de seguridad territorial clara, han derivado en la perdida de parte de los beneficios colaterales del PRT. Las principales recomendaciones son: fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz en sus Puntos 1 y 5, generar una política de seguridad territorial y crear un mecanismo de verificación del cumplimiento de las obligaciones que las sentencias generan sobre las entidades nacionales y territoriales. (Texto tomado de la fuente).

The Law 1448 of 2011 created the Land Restitution Program (LRP) in Colombia, aimed at repairing the victims of the armed conflict in the country. The LRP has undergone various impact assessments with an equal number of variables of interest. In this study, the specific focus was on analyzing whether the program had an impact on the commission of crimes associated with land abandonment and dispossession. In other words, collateral effects of the LRP were examined based on institutional security support in municipalities that had at least one property registered in the Forced Displaced and Abandoned Land Registry (RTDAF). Through an event study and applying the Callaway & Sant'Anna (2021) methodology, it was found that the LRP had a negative effect of 6.162 percentage points on crimes associated with land dispossession and abandonment for the year 2015. The effect remained until 2019 but lost significance in 2020. This indicates that the dynamics of escalation in the armed conflict in the territories, combined with the absence of a clear territorial security policy, have resulted in the loss of some of the collateral benefits of the LRP. The main recommendations are to strengthen the implementation of the Peace Agreement in its Points 1 and 5, create a territorial security policy, and establish a mechanism to verify compliance with the obligations that sentences impose on national and territorial entities.