Democracia, conflicto y derecho: construcción de espacios para la elaboración participativa de normas incluyentes

Abstract

Las transformaciones contemporáneas del Estado a nivel global, sumadas a la crisis del sector justicia y al conflicto armado que desde hace décadas padece Colombia, propiciaron no solo la institucionalización y vigencia del pluralismo jurídico1 (compuesto por el derecho propio de las comunidades étnicas, las Jurisdicciones Especiales, los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y el derecho estatal) sino la emergencia de una polinomia (prácticas comunitarias de aplicación de justicia y la operacionalización de normas antiestatales y paraestatales) en amplios sectores sociales y extensiones territoriales del país, que cuenta con algún nivel de legitimidad, validez y eficacia por parte de sus usuarios, y que, a su vez, ha generado el surgimiento de una ciudadanía incapaz de participar o construir escenarios de deliberación pública, de una cultura jurídica caracterizada por la transgresión de la norma, y de una institucionalidad paralela que asume las funciones estatales, entre ellas la de administrar justicia. En ese contexto, y en aras de garantizar la recuperación del monopolio de la legitimidad por parte del Estado, se hace necesario implementar estrategias orientadas a garantizar el derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es el Sistema Local de Coordinación de Justicia, que no solo permite el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la Administración de Justicia, sino la participación activa de la ciudadanía en ella, toda vez que es democrático (en su estrategia de construcción) e incluyente (desde los objetivos perseguidos y logrados); sólido no solo en su validez jurídica (cuenta con el reconocimiento de la legalidad estatal), sino que dispone de legitimidad política (en tanto que logra niveles de inclusión y consenso) y eficacia social (en términos de cumplimiento por parte de sus destinatarios), alcanzando por esa vía re-componer la institucionalidad y romper los círculos de violencia, exclusión y guerra que caracterizan los sistemas político y normativo colombianos. (texto tomado de la fuente)

State contemporary transformations globally, coupled with the crisis of the justice sector and the armed conflict that Colombia is suffering for decades, not only led to the institutionalization and enforcement of legal pluralism (composed by the proper law of ethnic communities, Jurisdictions Special Alternative Dispute Resolution Mechanisms and state law) but the emergence of a polynomial (community justice practices implementation and operationalization of anti-state and parastatal) norms in broad social sectors and territorial areas of the country, with some level of legitimacy, validity and effectiveness on the part of its users, and that, in turn, has led to the emergence of a citizenship unable to participate or build scenarios of public deliberation, a legal culture characterized by the violation of the rule, and a parallel institution that assumes state functions, including the administration of justice. In this context, and in order to ensure recovery of the monopoly of legitimacy by the state, it is necessary to implement aimed at guaranteeing the right of access to justice strategies. One is the Local Coordination System of Justice, which not only allows the strengthening of the institutions responsible for the administration of justice, but the active participation of citizens in it, since it is democratic (in its strategy of building) and inclusive (from the objectives pursued and achieved); strong not only in its legal validity (has the recognition of state law), but also has political legitimacy (as the achieved levels of inclusion and consensus) and social effectiveness (in terms of compliance by recipients) reaching in this way re-compose the institutional and break the cycles of violence, exclusion and war that characterized the Colombian political and regulatory systems.