El pacto arbitral ficto o presunto en el derecho del consumidor: interpretación pro consumidor

Abstract

El objetivo del presente estudio es evaluar si el pacto arbitral ficto o presunto en el arbitraje nacional menoscaba algunas garantías y derechos del consumidor final como parte débil de la relación jurídica asimétrica en el derecho del consumidor, frente a la justicia ordinaria estatal regulada en el Código General del Proceso. El pacto arbitral ficto o presunto se configura si una parte invoca la existencia de pacto arbitral y la otra no lo niega expresamente ante el juez o el tribunal arbitral, de forma que se entiende probada su existencia ante el silencio o la inacción, para resolver, en esos casos, en la justicia privada el litigio de la relación de consumo regulada en Colombia que se concreta en el contrato por adhesión con cláusulas predispuestas por el oferente, sin que exista discusión y sólo la alternativa de contratar o no, limitándose por doble vía el ejercicio de la libertad del individuo que se concreta en la autonomía de la voluntad y deviene en la autonomía contractual, elemento imprescindible para que surjan las relaciones jurídicas a través de los negocios jurídicos. El análisis es dogmático a partir de la hermenéutica crítica para plantear una solución de lege lata a través de una interpretación plausible conforme el marco constitucional, los principios generales del derecho, las normas aplicables y la doctrina de los tratadistas siendo una tarea descriptiva incluyendo el componente prescriptivo o normativo de la interpretación pro consumatore. De la evaluación de las garantías procesales seleccionadas, se establece que la doble instancia es garantista en la justicia ordinaria, que es más célere la justicia arbitral y que la gratuidad se podría equiparar en ambos procesos a través de la institución jurídico procesal del amparo de pobreza bajo la salvedad que en materia arbitral queda sujeto a lo que disponga el tribunal sobre costas y siendo entonces equiparable a través del arbitraje social con la anotación que está supeditado a la cuantía y al porcentaje de casos resueltos por el centro arbitral y en el caso del costo en el acceso a la justicia es menos costosa la justicia estatal conforme el análisis comparativo de los flujos de pagos por medio del Valor Presente Neto (V.P.N.). (texto tomado de la fuente)

The objective of this study is to evaluate if the so called pacto arbitral ficto o presunto in the national arbitrament undermines the customer’s rights or guarantees as the weakest part of the asymmetrical legal relationship in consumer protection law, facing ordinary justice as it is regulate in the General Process Code. The pacto arbitral ficto o presunto is present if one part invokes the existence of an arbitral agreement, whereas the other part does not explicitly deny it before the arbitral judge or court, therefore its existence is presumed for the silence or inaction to resolve, in these cases, before the private justice the litigation of the consumer relationship that is regulated in Colombia that is specified in contracts by adhesion with clauses already predisposed by the offerer, without a third alternative between contracting or not, limiting by double way the exercise of freedom of the individual that is specified in the autonomy of will and becomes the contractual autonomy, essential element for legal relationship to occur through legal business. This analysis is dogmatic from the critical hermeneutics to propose a solution lege lata through a plausible interpretation according to the constitutional, framework, the general principles of law, the applicable norms and the doctrine of writers being a descriptive task including the prescriptive or normative component of interpretation pro consumatore. From the evaluation of the selected procedural guarantees, it is established that double instance is a guarantor in the ordinary courts, that the arbitral justice is faster and that the gratuity is equated in both processes through the legal processal institution of the protection of poverty, apart from arbitral issues are under the court’s decision about expenses, and depending on the amount of processes and magnitude of it, social arbitrament- and in the case of the cost of the fees for technical defense, state justice is less expensive according to the analysis of the payment flows comparatively by means of the Net Present Value (NPV).