Marco Conceptual para la reducción de la violencia. Documento de trabajo No. 2 de LCR sobre Desarrollo Sostenible. Serie: Programa de Paz Urbana

Abstract

La violencia, en el orden mundial, ha surgido como un problema significativo de índole económica, de bienestar social, de salud y de gobernabilidad. La criminalidad y la violencia ejercen un efecto adverso en el capital físico, humano, natural y social, socavan el clima de las inversiones y agotan la capacidad de gobernar de las instituciones del sector público. A la violencia, antes considerada un problema de patología delictiva o de derechos humanos, hoy en día se le reconoce como un problema de desarrollo macroeconómico (Ayres, 1998). La globalización de la criminalidad a través de fenómenos tales como las redes delictivas internacionales ha disminuido la importancia de las fronteras entre naciones ante el problema de violencia (Castells, 1998). No obstante, los indicadores de violencia como el homicidio, la victimización criminal y la violencia doméstica, revelan que los niveles de violencia varían ampliamente entre diferentes localidades, países y regiones. La región latinoamericana y del Caribe muestra las más altas tasas de homicidio y victimización criminal del mundo —varias veces superiores a las de Asia, Europa y Oceanía (Rosenberg, 1998; UNICRI, 1995; UNCHS, 1996). En América Latina esta violencia se manifiesta no sólo en países que experimentan convulsión política, como Colombia y Perú, sino también en las sociedades de transición de la guerra a la paz, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Investigaciones recientes dan a entender que la creciente desigualdad en las áreas urbanas en países tales como Ecuador, Jamaica, México y Venezuela también ha aumentado los niveles de violencia juvenil, pandillera y comunitaria (Moser, 1996). Al mismo tiempo la renovada visibilidad de la violencia familiar en toda la región, indica que las tasas predominantes de maltrato doméstico se mantienen elevadas (Gómez Gómez, 1993). Las consecuencias macroeconómicas de las altas tasas de violencia comprenden un debilitamiento de la confianza de los inversionistas, lo cual les acarrea consecuencias potencialmente graves a las ciudades que dependen de proyectar su imagen como, por ejemplo, Kingston y Río de Janeiro, además de costos crecientes en cuanto a la seguridad del sector privado en los sectores industrial y comercial. La violencia también afecta la situación de las fábricas y empresas, con implicaciones en cuanto a su planificación espacial. Hay fuentes que calculan que países como Colombia invierten hasta un 15 por ciento del PNB en medidas de seguridad; en Colombia el crimen violento como negocio genera el 7 por ciento del PNB (Kalmanovitz, 1990; Colombia, 1997). Al nivel micro, la violencia socava los recursos de los pobres, en particular la mano de obra, el capital humano, los activos productivos tales como la tierra y la vivienda, como también el capital social. En definitiva, sin embargo, la violencia afecta a todos los niveles de la sociedad en muchos países en desarrollo en los que las exigencias crecientes de participación política democrática, las ganancias económicas y la seguridad personal se ven frustradas por el incremento en los niveles de violencia.