Las garantías procesales por delitos cometidos sobre mujeres víctimas del desplazamiento forzado

Abstract

En una cultura masculina, androcéntrica, centrada en el hombre, en el que este es el punto de partida desde donde se mira y evalúan todas las cosas, la mujer se toma en cuenta en relación a las necesidades y preocupaciones de la clase o grupo dominante masculino. El desplazamiento forzado interno en Colombia, afecta a grandes masas poblacionales. La Corte Constitucional en distintas ocasiones la ha calificado como “un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando como es lógico, por los funcionarios del Estado” ; como “ Un verdadero estado de emergencia social” ; “ una tragedia social que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcara el futuro del país durante las próximas décadas”; y “un serio peligro para la sociedad política colombiana” y por último, un estado de cosas inconstitucional” que “ contraria la racionalidad implícita en el constitucionalismo” al causar “evidente tensión entre la pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores, principios y derechos contenidos en el texto fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos”1 En el marco del desplazamiento forzado, existen una multiplicidad de derechos constitucionales afectados, razón por la cual, la jurisprudencia ha dicho que existe la obligación por parte del Estado de otórgales un trato preferente que debe caracterizarse por la prontitud en la atención alas necesidades de estas personas ya que de otra manera “se estaría permitiendo que “la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara y en muchas situaciones, se agravara”2.

In male culture, male-centered, man-centered, in which this is the starting point from where you look and evaluate all things, she is taken into account in relation to the needs and concerns of the dominant class or group male. Forced internal displacement in Colombia, affects large population groups. The Constitutional Court on various occasions has called it "a problem of humanity that must be addressed jointly by all people, beginning of course, by government officials" as "a true state of social emergency," "a tragedy social affects the fate of many Colombians and to mark the country's future for decades to come "and" a serious threat to the Colombian polity "and finally, an unconstitutional state of affairs" that "contrary rationality implicit in the constitutionalism "to cause" obvious tension between the claim of political organization and prolific statement of values, principles and rights contained in the core text and the daily and tragic realization of that agreement exclusion of millions of Colombians " In the context of forced displacement, there are a multitude of constitutional rights involved, why, the Court has said that there is an obligation by the State of endow them preferential treatment that should be characterized by the promptness in attending to the needs of these persons because otherwise "we would be allowing that" the violation of fundamental rights is perpetuated and in many situations from escalating "