El contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa del estado Colombiano

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Autores

León Hernández, Miguel Ángel

Director

Hoyos Lemus, Félix

Tipo de contenido

Trabajo de grado - Maestría

Idioma del documento

Español

Fecha de publicación

2012

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Resumen

Estudio innovador que analiza críticamente, el uso y aplicación del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa de la rama ejecutiva del nivel nacional del Estado Colombiano, concretamente en el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), para el periodo correspondiente 2002-2010; ciclo importante para el institucionalismo colombiano, al presentarse una reforma al Estado con base a las ideas de instrumentos para la nueva gestión pública y de los intereses bélicos y antagónicos del gobernante de turno. Se concluye, que la aplicación del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa, en función de las políticas estatales que procuran por la austeridad del gasto público e institucionalizar a un más las prácticas clientelistas, vulnera la dignidad humana y los derechos irrenunciables a la seguridad social, estabilidad laboral y beneficios mínimos establecidos en normas laborales que un Estado Social de Derecho debe garantizar y proteger. (texto tomado de la fuente)

Abstract

This is a novel, critical analysis of the use and implementation of the service agreement for administrative management support of the executive branch of the Colombian State, specifically in the Administrative Department of Public Service (DAFP), from 2002 to 2010. This period is relevant to Colombian institutionalism due to the State reform based on the instrumentalizing ideas of new public management, and of the war and opposing interests of the government leader at the time. It has concluded that the implementation of the service agreement for administrative management support, based on the state policies focused on the austerity of public spending and to institutionalize clientelist practices even further, violates human dignity and the inalienable rights to social security, job stability and the minimum benefits set forth in labor standards that a Social Rule of Law should guarantee and protect.

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