El presente trabajo constituye un esfuerzo de reconstrucción del debate existente al interior del Consejo de Estado, sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias desde el año 1992 a inicios del segundo semestre de 2012, con el fin de enriquecer desde un punto de análisis distinto al de la Corte Constitucional, los aportes que desde la academia y la práctica judicial se han realizado para comprender lo que hay de por medio y lo que justifica que se admita o se rechace la posibilidad de controvertir decisiones judiciales mediante la referida acción. En la consecución del tal objetivo podrá apreciarse que el Consejo de Estado no ha construido una posición más o menos uniforme y constante sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, lo cual se ve reflejado en las tesis encontradas entre las Secciones que conforman la Corporación, e incluso dentro de las mismas, que ilustran de manera particular que uno de los puntos más álgidos del debate reside en resolver en cada caso, hasta dónde puede llegar el juez constitucional al revisar la actuación de un juez especializado, o aún mas, del órgano de cierre en su jurisdicción.Abstract . This paper is an attempt to reconstruct the existing debate within the Consejo de Estado about the viability of the protection action (tutela) to confront judicial orders, since 1992 to the second half of 2012, in order to enrich, from a different perspective of analysis, the contributions that have been made from the academic and judicial practice to understand what is at stake and what justifies the admission or rejection of the possibility of contesting judicial decisions by the above action. In pursuit of this objective there will be appreciated that the Consejo de Estado has not built an uniform and constant position on the viability of the protection action against judicial decisions, which is reflected in the theses found among the sections of the Corporation, and even within them, circumstance that illustrates that one of the high points of the debate is to resolve, in each case, how far the constitutional judge can review the performance of a special judge, or even more, of the closure instance in its jurisdiction.