La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 instauró el escenario a través del cual se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos políticos, con el derecho a determinar libremente sus destinos. Sin embargo, la omisión de reglamentar los derechos colectivos, por parte del Congreso de la República, ha permitido que las Altas Cortes se abroguen la función legislativa y desarrollen jurisprudencialmente el contenido de estos derechos. Este es el caso de la Jurisdicción Especial Indígena, institución que ha sido reglamentada vía jurisprudencial, de manera inconsulta y desde la epistemología de terceros ajenos al titular original del derecho. Fenómeno que puede ser identificado como un proceso de subjetivización, desde el cual se desconoce el rol político de los pueblos indígenas en el Estado y se limita su facultad de determinar libremente sus destinos. En su lugar, se propone un modelo sociológico de deliberación intercultural de doble vía, que también incluya otras esferas públicas en donde confluyan contrapúblicos subalternos.Abstract. The National Constituent Assembly of 1991 established the scenario through which indigenous peoples were recognized as political subjects, with the right to self- determine their destinies. However, the gap of the Congress to regulate the collective rights, has allowed the High Courts to repeal the legislative function and, embracing a multicultural proposal, develop the content of these rights thorugh their jurisprudence. This is the case of the Special Indigenous Jurisdiction, an institution that has been regulated through the jurisprudence, without consultation and taking into account the epistemology of third representatives, despite the right holder. Phenomenon which can be identified as a process of subjectification, from which its disclaim the political role of indigenous peoples in the State, and ties up their right to self-determine their destinies.