La estrategia del desarrollo rural apunta al incremento de la producción agropecuaria con una mejora simultánea de la calidad de vida de los productores y las productoras. Supone un marco de definiciones de política pública que incluya criterios de equidad por parte del estado y de la sociedad para modificar circunstancias que favorecen la subordinación de los necesidades de los sectores campesinos: trabajadores agrícolas, productores de bajos ingresos, y que limitan el control de los recursos e insumos para mejorar su participación y competitividad en los mercados nacionales e internacionales. En la región latinoamericana se han identificado tres modalidades en las estrategias de desarrollo rural (Barraclough: 1981): una primera que centra su énfasis en la introducción de técnicas modernas de manejo de los recursos (procesos de fertilización, semillas mejoradas, mecanización, y selección de razas). Esta modalidad provoca una modernización tecnológica, sin afectar las bases de la estructura social, y facilita procesos de inserción de las economías campesinas en el mercado. Otra modalidad introduce procesos reformistas del ingreso mediante redistribución marginal del suelo y/o por impuestos a la tierra, pero que no redefine las relaciones de poder entre los sectores sociales vinculados al agro. Una tercera que se sustenta en cambios rápidos y drásticos de la estructura social pero que mantiene un control de la gestión de la producción impidiendo un desarrollo autónomo de la producción y sus agentes.