Factores de impunidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública en el periodo de la seguridad democrática

Abstract

Las ejecuciones extrajudiciales, es decir, el asesinato de personas en situación de indefensión por parte de agentes estatales, es una práctica de vieja data en Colombia, que se visibilizó, por su sistematicidad, entre los años 2002 y 2010, periodo en el cual se instauró la Política de Seguridad Democrática del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez. Dicha política, basada en los planteamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional y construida sobre la lógica del Enemigo Interno, implicó una vasta militarización del país y un accionar desproporcionado de parte de la fuerza pública que se vio reflejado en múltiples violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre estas, alrededor de 3500 ejecuciones extrajudiciales de personas, en su mayoría civiles a lo largo y ancho del país. Alrededor de estos hechos existen múltiples factores tanto a nivel fáctico, como a nivel normativo, que impiden que las víctimas accedan de manera integral a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y por consiguiente, que los principales responsables sean castigados generalizando un panorama de impunidad del que no parece haber salida, máxime cuando se continúan impulsando reformas legislativas que buscan “blindar” a las Fuerzas Militares, de las denuncias, investigaciones y sanciones por estos hechos, a través del fortalecimiento de la Justicia Penal Militar. Dicho panorama implica grandes retos en materia de política criminal, y para la Justicia Transicional en Colombia. (texto tomado de la fuente)

Extrajudicial executions, which means, the killing of people in situations of defenselessness by State agents, is a practice of long standing in Colombia, that was made visible by its systematicity between 2002 and 2010. During this period, the Democratic Security Policy was instituted by the President at that time, Álvaro Uribe Vélez. This policy, based on the approach of the National Security Doctrine and built under the logic of Internal Enemy, brought a vast militarization of the country, and triggered incommensurate actions from the government security forces. This was reflected in multiple violations of Human Rights and violations of the International Humanitarian Law, where can be counted around 3,500 extrajudicial executions (killings) of civil population along the country. In regards to these events, there are many factors at the factual and normative level which inhibit victims from accessing to the rights of truth, justice and reparation, and therefore, it is not possible that the main responsible of these crimes are punished. This fact creates an impunity scenario that seems to have no way out, especially, when legislative reforms that seek to "shield" the Armed Forces are continually pursued, through the strengthening of the Military Criminal Justice System. This scenario brings great challenges in criminal policy matters and for the Transitional Justice in Colombia.