Objeción de conciencia al matrimonio igualitario. Una mirada desde la sociología jurídica y el derecho internacional

Abstract

La aprobación por vía jurisprudencial del matrimonio entre personas del mismo sexo en Colombia carece de pronunciamientos respecto de sí los funcionarios investidos con facultades para celebrarlos tienen o no derecho a la objeción de conciencia. En este contexto, se ha argumentado que la Corte Constitucional denegó este derecho en razón de la particularidad de las actividades que aquellos realizan en nombre del Estado. No obstante, posturas políticas nacionales sostienen que, sobre el matrimonio igualitario y la prestación de servicios de salud que han sido controversiales (interrupción del embarazo o la eutanasia), debe otorgarse el derecho a la objeción de conciencia a los funcionarios respectivos. En contraposición a esta mirada, las determinaciones realizadas por los Sistemas Internacionales de Derechos Humanos y las Cortes Constitucionales de Sudáfrica y Canadá dan cuenta de que la objeción de conciencia puede ser viable para las autoridades religiosas, pero no para las autoridades estatales. Esto por cuanto se debilitaría la columna vertebral del Estado y se lesionarían gravemente los derechos de poblaciones minoritarias históricamente discriminadas. A este respecto, puede decirse que las discusiones sobre la objeción de conciencia para funcionarios que deben celebrar matrimonios civiles entre personas del mismo sexo han conllevado a que se contemple que dicho derecho constituiría un uso desproporcionado por su parte de las libertades de conciencia, religión u opinión, lo cual institucionalizaría la desaprobación al derecho de matrimonio de estas parejas.

Abstract: Jurisprudential approval of marriage between persons of the same sex in Colombia lacks pronouncements regarding whether officials invested with faculties to celebrate them have the right to conscientious objection or not. In this context, it has been argued that the Constitutional Court, denied this right to these officials because of the particularity of the activities they carry out on behalf of the State. Nonetheless, national political positions hold that, on equal marriage and the provision of health services that have been controversial (abortion or euthanasia), the right to conscientious objection must be granted to the respective officials. In contrast to this view, the determinations made by the International Human Rights Systems and the Constitutional Courts of South Africa and Canada reveal that conscientious objection may be viable for religious authorities, but not for State authorities. This is because the spinal column of the State would be weakened and the rights of historically discriminated minority populations would be seriously damaged. In this regard, it can be said that discussions on conscientious objection for civil servants who must celebrate civil marriages between persons of the same sex, have led to the contemplation that such a right would constitute a disproportionate use on their part of freedom of conscience, religion or opinion. This, in turn, would institutionalize the disapproval of the marriage right of these couples.