La Línea P del Metro (Metrocable picacho) generará en su construcción un proceso de desplazamiento de población importante que nos obliga a pensar en un modelo que palie los efectos nocivos de estas intervenciones, por lo que elegimos como laboratorio el Barrio 12 de octubre. En el barrio, construido hace 45 años por el ICT, se ensayaron las Normas Mínimas de Urbanización (1971) propuestas por el arquitecto Germán Samper, las mismas que luego se constituyeron en las máximas a alcanzar por los constructores de vivienda de la ciudad Este hecho comprobado nos da indicios sobre el impacto que en la construcción de la ciudad tuvo el manual del arquitecto Samper y es un precedente que nos da confianza para proponer desde el mismo barrio donde se aplicó el estatuto de las normas mínimas, una propuesta de gestión urbana y arquitectónica, que minimice el impacto que la obra pública está causando en los barrios y las familias afectadas por obra pública municipal. Las Normas Mínimas que se propusieron “reducir los costos de urbanización al mínimo compatible con un nivel decoroso de subsistencia, de manera que ofrezca a las familias de menores recursos económicos una alternativa realista, dentro de la Ley, a las soluciones espontáneas tales como urbanizaciones clandestinas, invasión de terrenos y otros similares” (Samper, 2015, p.61). Las Normas que se aplicaron en la construcción de la vivienda del Barrio, se fundamentaron en la racionalización económica de la infraestructura y la vivienda, y dotaron a las familias de un número igual de casas, las que fueron enriqueciéndose con los trabajos posteriores de urbanismo y equipamientos, hechos con el concurso de los vecinos y posteriormente por el estado dotándolo de vida y actividades económicas que hoy se constituyen en la memoria y el patrimonio del lugar. En el trabajo que nos proponemos realizar —aplicado a la construcción de un modelo de intervención anterior al inicio de la obra pública, que ponga en primer lugar a los desplazados por la obra, que entregan su bien para el beneficio colectivo— tenemos como premisa que dos de las tragedias que le pueden llegar a acontecer a un individuo tienen que ver con los procesos de memoria: una es el alzhéimer, proceso mental progresivo que consiste en el olvido de sí y de los otros; y la otra es el desplazamiento, inmediato y violento, que tiene que ver con el desarraigo de la memoria colectiva de los desalojados. El proyecto en el que trabajamos busca paliar los efectos que produce esta última situación, donde un número cada vez más grande de familias en la ciudad y el país, tiene que salir a buscar a donde ir a morar y nunca de la misma manera en que lo hacían. El desplazamiento —así sea intraurbano— somete a las familias a un proceso de empobrecimiento, ya que además de la pérdida de su vivienda, el patrimonio más importante para todos, corta de tajo los tejidos sociales y económicos elaborados sobre ese territorio.