Resumen El universalismo es uno de los principios fundamentales que ha regido las reformas de los sistemas de salud en el mundo. En Colombia, este se constituyó como un principio básico desarrollado en la Constitución y las leyes que establecen el funcionamiento del sistema de protección social en salud. En ese marco, su alcance ha llegado hasta obtener la cobertura de aseguramiento de casi toda la población de manera eficiente, sin que esto signifique que aún haya acceso universal y equitativo para toda la población al sistema de salud. Las restricciones de acceso se dan principalmente porque el modelo de salud bajo el paradigma neoliberal acentúa las fallas en la asignación de los recursos para los servicios de salud, lo que lleva que el acceso al sistema de salud hasta hoy esté determinado por la estratificación socioeconómica y sea favorecido para aquellos con mayor capacidad económica. El liberalismo igualitario y los fundamentos teóricos de este precepto en la Renta Básica Universal aplicada a la atención en salud, ofrecen una alternativa a la contradicción que existe entre la eficiencia y la equidad, como propósito de la implementación del universalismo en la política social. Así la aplicación de los principios contractualistas de la libertad real y la igualdad de oportunidades, entendidos como igualdad en la disponibilidad de los recursos, podrían mejorar el acceso universal a los servicios de salud de primer nivel de atención, de manera eficiente y equitativa. Es importante resaltar que la discriminación de las políticas económicas por niveles de atención o complejidad en salud no se ha profundizado hasta este momento, como una alternativa dentro de las reformas planteadas al sistema de salud en Colombia. Con relación a la equidad de acceso en salud y el universalismo, encontramos que el acceso equitativo se ha definido tradicionalmente con un énfasis desproporcionado en el acceso realizado, lo cual ha venido enmascarando la evaluación y seguimiento de las desigualdades potencialmente mayores que no permiten acceder a los servicios, lo que significa que el uso de las medidas de acceso potencial dará una imagen más precisa de la disparidad en el acceso universal y permitirá intervenir las barreras con políticas que privilegien la igualdad de oportunidades.Abstract: Universalism is one of the fundamental principles that have governed the reforms of health systems in the world. In Colombia, this was constituted as a basic principle developed in the Constitution and the laws that establish the operation of the social protection system in health. In this framework, its scope has reached the coverage of insurance of almost the entire population in an efficient manner, this does not mean that there is still universal and equitable access for the entire population to the health system. The access restrictions are mainly because the health model under the neoliberal paradigm accentuates the failures in the allocation of resources for health services, which means that access to the health system, until today, is determined by socioeconomic stratification and favoring those with greater economic capacity. The egalitarian liberalism and the theoretical foundations of this precept in the Universal Basic Income applied to health care, offer an alternative to the contradiction that exists between efficiency and equity, as a purpose of the implementation of universalism in social policy. Thus, the application of the contractualist principles of real freedom and equality of opportunities, understood as equality in the availability of resources, could improve universal access to health services at the primary level of medical care, in an efficient and equitable manner. It is important to highlight that the discrimination of economic policies by levels of attention or complexity in health has not been studied in depth until now, as an alternative within the reforms proposed to the health system in Colombia. With regard to equity in access to health and universalism, we find that equitable access has traditionally been defined with a disproportionate emphasis on access, which has been masking the evaluation and monitoring of potentially greater inequalities that do not allow access to services, which means that the use of potential access measures will give a more accurate picture of the disparity in universal access and allow to intervene barriers with policies that privilege equal opportunities.