En este ensayo se argumentará que el origen de la acción pública de inconstitucionalidad en Colombia no es ajeno al carácter y vocación elitista del control judicial de constitucionalidad. Develar dicho elitismo –que adquiere las más variadas formas: desde la condición privilegiada de quienes la promueven y apoyan, hasta las técnicas más refinadas para neutralizar o al menos desmotivar su uso–, será importante para evitar que adquiera un carácter superlativo y que, como consecuencia de ello, las bondades y propósitos de la acción se trivialicen. Así, el propósito central del texto será mostrar que la acción de inconstitucionalidad es un instrumento con gran vocación democrática, de ahí que merezca ser preservado, mejorado, difundido y defendido.