Análisis de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional de Bogotá, a partir del enfoque de derechos, desde la perspectiva de la población migrante proveniente de Venezuela

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Resumen

Esta investigación analizó cómo las limitaciones de la Política Pública de Seguridad Alimentaria de Bogotá durante el período 2018 al 2021, impuso barreras para la garantía de derechos de la población migrante proveniente de Venezuela. A partir de un estudio de caso desde el enfoque de derechos para el análisis de las políticas públicas, se examinó la situación de 21 familias con niñas y niños menores de 5 años y/o personas en gestación, en 7 localidades de la ciudad, con el propósito de identificar las vulnerabilidades que atravesaron para la garantía de sus derechos. Los resultados evidenciaron que la política pública desconoció el enfoque de derechos lo que generó una exclusión sistemática, especialmente para la población irregular. Se concluyó que la vulneración no fue coyuntural, sino producto de barreras estructurales: exigencias de documentación inaccesible, insuficiencia de cupos y xenofobia. Desde la perspectiva de esta investigación, al supeditar los derechos fundamentales a la regularización, se produjo una inversión práctica de la jerarquía constitucional, subordinando la protección de la vida al control burocrático y revictimizando a sujetos de especial protección constitucional. Por lo anterior, se recomienda que la formulación y reformulación de políticas públicas garanticen el acceso universal sin discriminación, incorporando en la práctica el enfoque de derechos, reconociendo a los individuos como sujetos de especial protección, fortaleciendo la articulación interinstitucional, creando mecanismos de participación efectiva para la población migrante, transitando hacia la autonomía alimentaria y la integración económica. (Texto tomado de la fuente)

Abstract

This research analyzed how the limitations of Bogotá's Public Policy on Food Security during the 2018–2021 period, imposed barriers to the guarantee of rights for the migrant population from Venezuela. Based on a case study using a rights-based approach for public policy analysis, the situation of 21 families with children under 5 years of age and/or pregnant people was examined across 7 localities of the city, seeking to identify the vulnerabilities they faced regarding the guarantee of their rights. The results evidenced that the public policy disregarded the rights-based approach, generating systematic exclusion, especially for the population with irregular status. It was concluded that the violation was not circumstantial, but the product of structural barriers: requirements for inaccessible documentation, insufficient program capacity, and xenophobia. By making fundamental rights conditional upon regularization, the State inverted the constitutional hierarchy, subordinating the protection of life to bureaucratic control and revictimizing subjects of special constitutional protection. Consequently, it is recommended that the formulation and reformulation of public policies guarantee universal access without discrimination, effectively incorporating the rightsbased approach in practice. This involves ecognizing individuals as subjects of special protection, strengthening inter-institutional coordination, creating effective participation mechanisms for the migrant population, and transitioning toward food autonomy and economic integration.

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