El deber del Estado de investigar y sancionar en los procesos transicionales confrontado con el derecho a la justicia de las víctimas. El caso colombiano
Cargando...
Autores
Director
Tipo de contenido
Editor
Document language:
Español
Fecha
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Documentos PDF
Resumen
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuyo componente judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz, constituye un modelo excepcional de investigación y sanción, orientado por criterios de priorización y selectividad, cuya compatibilidad
con el deber del Estado de investigar y sancionar ocupa un lugar central de debate.
En ese sentido, el objetivo de esta investigación es determinar, en qué medida su implementación entre 2018 y el 31 de diciembre de 2024 ha cumplido el deber del Estado de investigar y sancionar en contextos transicionales. Esto, se desarrolla mediante un análisis jurídico con componente de medición cuantitativa que combina el estudio normativo constitucional e internacional, análisis de jurisprudencia de la Corte Constitucional y una revisión del cumplimiento de obligaciones estatales de la Jurisdicción Especial para la Paz. El primer capítulo examina las aproximaciones conceptuales sobre justicia transicional, derecho a la justicia y obligaciones estatales; el segundo, analiza el contexto colombiano y la evaluación cuantitativa del cumplimiento del deber de investigar y sancionar; y, el trabajo cierra con una sección de conclusiones y recomendaciones.
Los resultados muestran que la Jurisdicción Especial para la Paz ha activado investigación sustantiva y ha iniciado la determinación individual de responsabilidad respecto de máximos responsables; sin embargo, al corte analizado no se ha proferido ninguna sentencia ejecutoriada que materialice la fase sancionatoria. En consecuencia, aunque el diseño normativo del modelo fue validado como constitucional y convencionalmente admisible, su compatibilidad definitiva depende de la culminación efectiva del ciclo investigativo y sancionatorio. (Texto tomado de la fuente)
Abstract
The Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, signed in 2016 between the Government of Colombia and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, created the Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, whose judicial component, the Jurisdicción Especial para la Paz, constitutes an exceptional model of investigation and sanction guided by criteria of prioritization and selectivity. Its compatibility with the State’s duty to investigate and punish has become a central subject of constitutional and international debate.
This research seeks to determine the extent to which its implementation between 2018 and December 31, 2024 has fulfilled the State’s duty to investigate and punish in transitional contexts. The study adopts a legal analysis with a quantitative measurement component, combining constitutional and international normative review, analysis of Constitutional Court jurisprudence, and a quantitative assessment of compliance with State obligations by the Jurisdicción Especial para la Paz. The first chapter develops the conceptual and normative foundations of transitional justice, the right to justice, and State obligations; the second examines the Colombian context and provides a quantitative evaluation of the implementation of the duty to investigate and punish; and the study concludes with findings and recommendations.
The results show that the Jurisdicción Especial para la Paz has activated substantive investigations and initiated the individual determination of responsibility with respect to those most responsible; however, as of the analyzed cutoff date, no final judgment imposing sanctions has been issued. Consequently, although the normative design of the model was validated as constitutionally and conventionally admissible, its definitive compatibility depends on the effective completion of the investigative and sanctioning cycle.