Caracterización del seguro agropecuario en Colombía

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Resumen

Este trabajo presenta una caracterización integral del seguro agropecuario en Colombia como instrumento de gestión del riesgo y de política pública rural. Examina la evolución normativa desde la Ley 69 de 1993 hasta la Ley 2178 de 2021 y la operación del modelo público–privado coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, FINAGRO y las entidades aseguradoras. Se diferencia el contrato de seguro, que transfiere riesgos y paga indemnizaciones conforme a la póliza del Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), que subsidia una parte de la prima. Para 2025, FINAGRO reportó 154.268,83 hectáreas con seguro de cosecha subsidiado; 96,22 % correspondió a pequeños productores, incluidos los pequeños productores de ingresos bajos. Persisten barreras de oferta y demanda asociadas a concentración del mercado, información agroclimática, costos de distribución, confianza, educación financiera y adecuación de los productos a cultivos transitorios, permanentes y actividades pecuarias. La comparación internacional y la evidencia colombiana indican que el seguro debe articularse con crédito, asistencia técnica, reaseguro, organizaciones de productores, sistemas de información y medidas de reducción del riesgo. El estudio concluye que el seguro agropecuario no sustituye la gestión integral del riesgo, sino que constituye uno de sus instrumentos financieros para fortalecer la resiliencia productiva y rural. (Texto tomado de la fuente)

Abstract

This study provides a comprehensive characterization of agricultural insurance in Colombia as a risk-management instrument and rural public policy. It examines the regulatory evolution from Law 69 of 1993 to Law 2178 of 2021 and the operation of the public–private model coordinated by the Ministry of Agriculture and Rural Development, the National Agricultural Credit Commission, FINAGRO, and insurance companies. It distinguishes the insurance contract—which transfers risks and pays indemnities under the policy—from the Agricultural Insurance Incentive (ISA), which subsidizes part of the premium. For 2025, FINAGRO reported 154,268.83 hectares covered by subsidized crop insurance; 96.22% corresponded to small producers, including low-income small producers. Supply- and demand-side barriers persist, including market concentration, agroclimatic information gaps, distribution costs, trust, financial education, and the fit of products to annual crops, perennial crops, and livestock activities. International comparisons and Colombian evidence show that insurance should be linked to credit, technical assistance, reinsurance, producer organizations, information systems, and risk-reduction measures. The study concludes that agricultural insurance does not replace comprehensive risk management; it is one of its financial instruments for strengthening productive and rural resilience.

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