El presente trabajo contempla una primera parte en la que se hace una aproximación a la política de descentralización en Colombia; allí se identifica la estrategia del Estado para redistribuir las competencias y funciones de los entes territoriales en un escenario de mayor participación y autonomía de las comunidades regionales, dentro del espíritu que orientó la Constitución Política de 1991, y que para este caso particular se concentra en las normas fiscales y la política de ordenamiento territorial. A continuación se revisa la acción estatal y la organización política, administrativa y fiscal de los hasta hace unos años denominados “territorios nacionales”, específicamente del actual departamento del Amazonas, en razón a que hasta hace poco fue el principal intermediario de la acción estatal en la región, hoy compartida con el municipio de Leticia. Principal análisis merecen las acciones orientadas hacia las comunidades indígenas de la región en dicho marco de descentralización y ordenamiento territorial que trasciende hasta el trámite de la ley de ordenamiento territorial que se adelanta actualmente en el Congreso de la República. El Capítulo III se ocupa del municipio de Leticia, como espacio donde se ubican los resguardos indígenas objeto del presente análisis, y en el cual interactúan las dos figuras (municipio y resguardo), en un constante intercambio de orden político, económico, social, cultural y demás, que han determinado el origen, la configuración y caracterización actual de los resguardos y de las comunidades que los habitan. El Capitulo IV hace una revisión del actual Sistema General de Participaciones, que como política orientada hacia la descentralización fiscal, surge en la Constitución Política de 1991 como transferencias a las entidades territoriales bajo la figura del Situado Fiscal (SF) y la Participación en los Ingresos Corrientes del a Nación (PICN). Se ocupa especialmente de identificar y analizar los recursos asignados a los resguardos del municipio de Leticia en aspectos tales como la participación de las comunidades, la población beneficiaria, la administración de los recursos por parte de las comunidades y la Alcaldía, la ejecución y la inversión de los mismos. Igualmente recoge la problemática más sobresaliente que se identificó alrededor de dicho proceso así como las expectativas de las comunidades en el futuro desarrollo del mismo. Por último, en el Capítulo V se muestran los resultados de un estudio de caso realizado en el resguardo de Arara, respecto al manejo de los recursos del SGP, que profundiza en el análisis anterior y que además aporta elementos más precisos sobre los resultados obtenidos, así como sobre la participación de la comunidad en el proceso e identifica los inconvenientes más sobresalientes que limitan una política orientada a dinamizar los procesos de protección a la diversidad étnica y cultural, la participación de las comunidades indígenas en la vida política de la Nación y el apoyo a la autonomía de los grupos indígenas y sus formas propias de gobierno, se cumplan.