La Fiscalía General de la Nación como instrumento de represión dentro del marco del Estallido Social en Colombia (2021)

Abstract

La criminalización de la protesta en el marco del estallido social del 2021, fue una estrategia del gobierno de Iván Duque Márquez, para reprimir la protesta social, con acciones político judiciales, que derivaron en una Fiscalía General de la Nación, que se salió de su misionalidad de garantizar el acceso a la justicia de los habitantes del territorio nacional, por medio de la investigación de las conductas punibles en el marco del debido proceso; de su deber de proteger los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, .para convertirse en un arma de Estado para la criminalización de la protesta, de victimización, sometimiento y estigmatización de los manifestantes, reforzado por los grandes medios de comunicación, los abusos de la fuerza pública y aquellos sectores indolentes de la población que no sufren los impactos de la pobreza y la exclusión. La estrategia estuvo enmarcada en el cambio de directiva del ente acusador, para inducir a los fiscales a la instrumentalización del código penal para formular cargos sobre delitos que resultan desproporcionados en el marco de la protesta social y pasan por encima de las disposiciones internacionales para proteger el derecho a la protesta social, como los delitos de terrorismo y tortura. Asimismo, desde la Fiscalía, se impulsó la estigmatización de las organizaciones de jóvenes, llamadas “Primeras Líneas”, como Grupos Armados Organizados (GAO). Es así que los casos de los jóvenes judicializados fueron investigados por las distintas divisiones delegadas de investigación contra el crimen organizado. (Texto tomado de la fuente).

The criminalization of protest within the framework of the social outbreak of 2021 was a strategy of the government of Iván Duque Márquez, to repress social protest, with judicial political actions, which led to an Attorney General's Office, which went beyond its limits. mission of guaranteeing access to justice for the inhabitants of the national territory, through the investigation of punishable conduct within the framework of due process; from its duty to protect the rights to truth and reparation of victims, to become a State weapon for the criminalization of protest, victimization, subjugation and stigmatization of protesters, reinforced by the major media, the abuses of the public force and those indolent sectors of the population that do not suffer the impacts of poverty and exclusion. The strategy was framed in the change of directive of the prosecuting body, to induce prosecutors to instrumentalize the criminal code to formulate charges for crimes that are disproportionate in the framework of social protest and go beyond international provisions to protect the right to social protest, such as the crimes of terrorism and torture. Likewise, the Prosecutor's Office promoted the stigmatization of youth organizations, called “First Lines”, as Organized Armed Groups (GAO). Thus, the cases of the young people prosecuted were investigated by the different divisions delegated to investigate against the organized critic.