Se considera pertinente abordar el tema de salud en áreas rurales, no sin antes pasar por la revisión de las políticas públicas dirigidas a sus poblaciones. En el presente trabajo se presenta una reflexión sobre la formulación y desarrollo de la política social para la población rural contemplada en los planes de desarrollo de gobierno en el período 2002-2010. Se coloca como eje de la discusión el impacto de la política social en las prácticas institucionales de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, a partir del trabajo de campo desarrollado en seis municipios del departamento de Boyacá, Colombia en el año 2009, y como parte de los insumos de la investigación de la Maestría en Medicina Social titulada: percepciones y prácticas institucionales de salud en escenarios rurales: el caso de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad en municipios de la provincia del Lengupá. Se ubica como referente de los programas sociales del gobierno colombiano al programa de transferencias condicionadas denominado “Familias en Acción” creado en el 2001 y financiado con los préstamos contraídos con el Banco Mundial –BM- y con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-. Y en el tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad las acciones contempladas dentro del POS subsidiado. Luego de la revisión normativa se incluyeron los hallazgos en este tema arrojados a partir del análisis de las entrevistas semi-estructuradas desarrolladas con el personal de enfermería responsable de los programas conocidos como de PyP (promoción y prevención), y de las guías de observación de las prácticas de PyP. La motivación de esta reflexión surge a partir de las referencias que los actores institucionales, encargados de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, hacen respecto a la influencia de dichos programas no sólo en el cumplimiento de metas de PyP sino en aspectos relacionados con lo que denominamos el proceso salud-enfermedad-atención de la población rural, y especialmente ante la evidencia de que las personas demandan estos servicios por ser requisitos obligatorios para la entrega de subsidios monetarios y/o alimentarios.