Valoración del proceso de implementación de la sentencia T-622 de 2016 que declara al río Atrato como sujeto de derechos

Abstract

El presente trabajo indaga sobre cómo ha sido el proceso de implementación de la sentencia T-622 de 2016 que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. Por tratarse de una sentencia estructural que propende por transformaciones socioambientales al largo plazo, se busca valorar su proceso de implementación y determinar sus efectos e impactos al corto plazo, en su etapa temprana, en la búsqueda del cumplimiento de la sentencia. Además, por tratarse de una decisión que juridifica relaciones de poder en conflictos socioambientales y orienta judicialmente una serie de políticas públicas, se examina con atención cómo ha sido la interacción entre mandatos judiciales, entidades del Estado de la rama ejecutiva (responsables legalmente de la acción pública) y guardianes comunitarios. El énfasis está en el análisis empírico del proceso de implementación y cumplimiento de la sentencia para comprender desde una perspectiva de la administración, cómo se ha modulado la gestión y qué avances se han dado para asegurar el ejercicio material y efectivo de los derechos fundamentales tutelados en el proceso judicial. (Texto tomado de la fuente)

This paper investigates the implementation process of the T-622 judgment of 2016, which recognizes the Atrato River as a subject of rights. Since this is a structural ruling that seeks long-term socio-environmental transformations, it seeks to assess its implementation process and determine its effects and impacts in the short term, in its early stage, in the search for compliance with the ruling. In addition, since it is a decisión that legalizes power relations in socio-environmental conflicts and judicially orients a series of public policies, the interaction between judicial mandates, State entities of the executive branch (legally responsible for public action) and community guardians is carefully examined. The emphasis is on the empirical analysis of the process of implementation and compliance with the sentence in order to understand, from an administrative perspective, how management has been modulated and what progress has been made to ensure the material and effective exercise of the fundamental rights protected in the judicial process.